Las clínicas de abortos legales también son víctimas de Trump

Bajo presión: así es el difícil trabajo dentro de en una clínica de abortos de Estados Unidos en tiempos de Donald Trump

Desnudas de la cintura para abajo, una decena de mujeres camina por el corredor de paredes blancas y luz de tubos fluorescentes. Se cubren con faldas improvisadas, sábanas blancas atadas con un nudo a la cadera, hasta que llegan a la “sala de relajación”,un cuarto sin ventanas de sofás mullidos y una TV prendida pero muda.

Allí esperan, algunas con ojos cerrados, otras pasando las páginas de unas revistas del corazón ajadas de tanto uso, las más con la mirada clavada en la pantalla silenciosa.

Esperan su turno para abortar.

En Hope Medical, una pequeña clínica en la ciudad de Shreveport, en el sur de Estados Unidos, el ajetreo no cesa en una tarde de martes. El sonido grave y penetrante de la bomba de succión que se usa para extraer el feto del útero llena el corredor a intervalos regulares.

Ésta es una de las tres clínicas de abortos que quedan abiertas en el estado de Luisiana y casi no tiene turnos disponibles. Hoy hay 30 pacientes programadas y sólo una no se presenta.
“¿Te parece que estamos a tope? Espera a ver el sábado”, dice Kathaleen Pittman, la administradora de este centro que se dedica mayormente a abortos quirúrgicos en el primer trimestre del embarazo.

“Se me hace difícil conciliar el sueño por la noche y los ‘antis’ creen que es porque tengo la conciencia sucia. Claro que no, es porque me preocupa cómo vamos a cuidar de las pacientes del modo que ellas necesitan con todas estas nuevas regulaciones que nos quieren imponer”, apunta Pittman.Suena tan frontal e impetuosa como uno presupondría de una mujer que lleva 35 años en el negocio del aborto. Está enojada, también.


Pittman, de 60 años, ha estado en el negocio del aborto por más de tres décadas. “La presión empeora año tras año”, se queja.
Pittman es una de 16 hijos de unos padres muy católicos y la decisión de trabajar en una clínica de abortos presupuso una buena dosis de rebeldía. Comenzó como consejera en Hope a comienzos de los años 80, cuando la batalla por los derechos reproductivos no era lo que hoy.

“Siempre hubo trabajo, pero no así… Yo empecé porque pensé que podía hacer mi aporte trabajando con mujeres en crisis”, dice esta sureña, 60 años y 1,80 de altura, ojos verdes muy abiertos.

Por entonces había 11 clínicas en Luisiana. Pero el número cayó estrepitosamente durante la última década, no sólo aquí sino en todo Estados Unidos, tanto, que hoy hay siete estados con un único proveedor de abortos legales.

“La clínica que estaba más cerca de nosotros cerró en 2017, así que ahora quedamos sólo tres para atender a 10.000 mujeres (al año)”, dice.

El número de clínicas donde se ofrece el aborto legal ha caído dramáticamente en la última década.
Así, Hope ha visto crecer sin pausa la demanda, junto con su radio de influencia: reciben mujeres de las zonas rurales del norte del estado, pero también de los vecinos Texas, Arkansas y Misisipi.

“El año pasado de repente nos vimos con una lista de espera de tres semanas”, señala Pittman. “Eso es grave, una demora puede significar que una chica con un embarazo avanzado quede fuera del límite de semanas en que podemos legalmente practicarle un aborto”.

Muchos argumentan que el cierre de las clínicas se debe en parte a que el negocio se ha vuelto menos rentable, con el número anual de abortos en su punto histórico más bajo.

Pero otros señalan que las regulaciones cada vez más estrictas se han vuelto una sentencia de muerte para muchos proveedores pequeños.

De los 52 estados, Luisiana es el que ha visto el mayor número de propuestas para restringir el aborto durante el año legislativo 2016. Y ahora, hace apenas semanas, el Senado estatal lo prohibió después de 15 semanas de gestación, lo que representa la segunda ley más estricta del país, detrás de la de Iowa.

Las nuevas normas se han convertido en una presión extra para los médicos. En 2017, el primer año de Donald Trump en la Casa Blanca, se aprobaron 63 restricciones en 19 estados. Y 29 distritos -incluido Luisiana- son considerados “hostiles” con el derecho al aborto, según el grupo de investigación en temas de salud reproductiva del Instituto Guttmacher.

También a nivel federal el debate agita las aguas. Con el respaldo que le dieron las urnas en 2016, el presidente Trump
ha cumplido con algunas promesas de campaña, como la nominación de un juez “provida” para la Corte Suprema y el recorte de fondos federales para organizaciones que asesoran sobre aborto en el ámbito internacional.

Los activistas provida también se han vuelto más elocuentes y, de acuerdo a la Federación Nacional del Aborto (NAF, en inglés), se registra una “escalada en el discurso de odio”.

“Déjame decirte, las cosas no se están poniendo más fáciles”, resopla Pittman, mientras se pone un delantal blanco para echar una mano en el laboratorio cuando la clínica alcance su hora de ebullición.

Lucy
Lucy hizo tres horas de ruta para llegar a Shreveport desde su pueblo, que prefiere no nombrar. Se tomó el día libre en la tienda donde trabaja como cajera y le pidió a una amiga “que es como una hermana” que le diera el aventón.

Con 21 años y sus padres que viven lejos, está sola con un embarazo de ocho semanas y una niña de 10 meses.

“Bradley, es una bebé feliz. Cumple un año en octubre, imagínate si puedo tener otro apenas unos meses después”, dice. Agita la cabeza con vigor, sus mejillas regordetas se sacuden junto con el pelo que lleva atado en un rodete tirante.

“Es el mismo padre de mi hija y realmente no se hace cargo, así que no esperaría que se ocupe de un segundo”.

A él ni siquiera le ha contado que está embarazada.

“No lo pensé dos veces, fue instantáneo, ‘ok, tengo que abortar'”, dice.

“¿Y si me arrepiento? No creo que me arrepienta. Ya tengo un hijo. Uno y listo, chica”.

Por ley, las pacientes deben pasar por una ecografía y una sesión de terapia previas al aborto.
Lucy está lista para la sesión de terapia, que es obligatoria por ley. Una conversación confidencial en la que deberá estampar siete firmas en un formulario de consentimiento con 23 puntos.

“Estoy obligada a ir punto por punto, perdona si suena repetitivo”, le dice Delia, la consejera de turno, que le recita una lista -ensayada, evidentemente mil veces repetida- con los riesgos que entraña un aborto quirúrgico.

“Infección, coágulos, hemorragias, perforación de la pared del útero”, lee Delia, y la lista sigue.

Luego le explica el procedimiento, una intervención de unos diez minutos que se hace mediante una cánula a través del cérvix dilatado y una bomba de succión -“una suerte de aspiradora manual, 20 veces más poderosa que la de tu casa”, compara Delia- que vaciará el útero.

Delia revisa un formulario de 23 preguntas que exige siete firmas de consentimiento de la paciente.
Lucy la escucha sin un atisbo de duda en el rostro. Dice que necesita ayuda económica: su sueldo es de US$525, ni siquiera alcanza para cubrir la tarifa de US$550 que cobra la clínica para embarazos de hasta 11 semanas.

Luego me dirá que incluso si ganara un mejor salario optaría por interrumpir su embarazo.

“Para las mujeres afroestadounidenses como yo, la vida es doblemente difícil. Necesito volver a estudiar y con dos hijos ya me dirás tú cómo…”.

Delia le ofrece un descuento con las donaciones privadas que recibe la clínica. No hay subsidios gubernamentales para costear un aborto y tampoco lo cubre la mayoría de los seguros de salud.

“Serían US$400”, le dice la consejera. Puede agendarle una cita dentro de cinco días.

“El martes, mejor”, asiente Lucy. “El miércoles es mi día libre y así puedo descansar después”.

Una grieta de 45 años
El aborto es legal en Estados Unidos desde 1973, cuando la Corte Suprema dictó el histórico fallo conocido como Roe versus Wade.

Y desde entonces ha sido también un territorio de disputa. Una línea que divide a la sociedad estadounidense por ideologías, religiones y partidos.


El activismo a favor de los derechos reproductivos también creció durante la era Trump.
Alrededor de 57% de los estadounidenses cree que el aborto debe ser legal. Pero del 40% que aboga por prohibirlo, una amplia mayoría se identifica con el partido Republicano.

Un estudio del Centro Pew de 2017 revela que “la división partidaria en torno al aborto está mucho más polarizada” que hace dos décadas.

Y la última contienda presidencial dio testimonio de esta grieta.

Mientras que la candidata demócrata, Hillary Clinton, se presentó como una defensora de larga data de los derechos reproductivos, Trump prometió que tomaría cartas para “defender los derechos de los niños sin nacer y los de sus madres”.


La elección de su compañero de fórmula Mike Pence, uno de los más acérrimos opositores al aborto en la escena política estadounidense, fue un golpe de efecto a los ojos de los votantes más conservadores.

“Este gobierno va a trabajar con el Congreso para acabar con la financiación del aborto con dinero de los contribuyentes”, declaró el vicepresidente poco después de asumir el cargo, en una “Marcha por la vida” en Washington.

Sin embargo, los primeros pasos en esa dirección fueron más bien traspiés.

Las propuestas para retirar el financiamiento público a Planned Parenthood, la red más grande de clínicas de salud reproductiva y mayor proveedor de abortos del país, no lograron el visto bueno del Congreso.


El vicepresidente Pence, en un discurso contra el fallo Roe v. Wade en la “Marcha por la vida”, a días de iniciada la gestión de Trump.
Aunque luego, en enero de este año, el gobierno dictó una normativa que facilita la exclusión de Planned Parenthood de programas de salud financiados con dinero público, y otra que permite que los médicos se rehúsen a practicar un aborto apelando a “objeciones morales o religiosas”.

También hubo avances en el plano judicial, con la confirmación de Neil Gorsh, la opción provida nominada por Trump, para el sillón vacante en la Corte Suprema.

Ahora, la batalla está recalentándose: ante la inminencia de las elecciones de medio término, en noviembre, se han presentado nuevos borradores de leyes restrictivas.

Una jugada preventiva ante la posibilidad de que los comicios alteren el balance de fuerzas en el Congreso y muchos Demócratas -que en su mayoría defienden el derecho al aborto- consigan un mayor número de escaños.

15 cámaras de seguridad
En la mesa de entradas de Hope, una recepcionista habilita el ingreso a la clínica por una puerta blindada, después de estudiar una pantalla con imágenes de las 15 cámaras de seguridad que cubren el perímetro del edificio.

Las clínicas de abortos en Estados Unidos han sido blanco de activistas violentos por décadas.

Por eso ésta -que sufrió tres ataques menores en el pasado- tiene todas las ventanas tapiadas y prohíbe el ingreso de bolsos donde podría venir un arma camuflada.

Otros centros lo han pasado peor. 11 asesinatos (y 26 intentos) registrados entre 1990 y 2015 se adjudican directamente a la llamada “violencia antiaborto”, según la NAF, una asociación de médicos que compila estadísticas desde 1977.En los últimos años, los episodios de violencia extrema han mermado, pero desde la última campaña electoral de 2016 se han intensificado las tácticas de intimidación.

Hubo un aumento de robos y vandalismo, señala la NAF, y los piquetes a las puertas de las clínicas registraron una frecuencia inédita, más de 78.000 en 2017, el índice más alto desde que se comenzaron los registros.

También la Encuesta Nacional de Violencia Clínica confirma esta escalada: casi la mitad de los proveedores a nivel nacional reportaron que habían sido víctimas de violencia de algún tipo durante 2016, un aumento de 6,2% respecto de 2014.

No sorprende entonces que los dos médicos de Hope me pidan que resguarde su anonimato.

Siete estados en el país tienen una única clínica de abortos: ésta es la última que permanece abierta en Misisipi.
“Los ‘antis’ socavan tu reputación y tu medio de subsistencia”, dice uno de ellos, un ginecólogo que lleva 36 años en la clínica.

Hace abortos quirúrgicos aquí dos veces por semana y el resto de los días atiende pacientes particulares. Un grupo de activistas repartió volantes en el barrio de su consultorio, acusándolo de “matar niños” y amenazando con “llevarlo con Jesús”. Tuvo que pedir la intervención de la policía, que le asignó una custodia 24 horas.

“La presión es tanta que otros médicos han decidido dejar de hacer abortos”, señala.

Él no piensa renunciar. Considera que la interrupción del embarazo es “una de las opciones reproductivas que toda mujer debe tener”.

“Especialmente en un estado tan pobre como el nuestro”, apunta.

El séptimo más pobre de Estados Unidos continental: así de pobre es Luisiana. Y, si se toman como referencia las estadísticas de salud, un estado con una crisis profunda de educación sexual.

Su población tiene el mayor índice de sífilis del país -el doble de la media nacional- y es el segundo estado con más casos de clamidia y gonorrea.

Los Guerreros Orantes
“El debate sobre el aborto se ha vuelto un tema urgente porque no hay nada más urgente en la vida que defender la vida misma”, dice Chris Davis, apenas cumplimos con las presentaciones de rigor.

Davis es vocero de las asociaciones provida de Shreveport y me cita a las puertas de la última clínica de abortos en cerrar sus puertas, unos 10 kilómetros al noreste de Hope.

Es un edificio de una planta en ladrillos terracota, en medio de un centro comercial a cielo abierto y rodeado de un estacionamiento vacío.

“Antes aquí había a diario unos 30 carros”, señala el activista.

En el frente, un cartel de hierro con la inscripción “Bossier Medical Suite” está ahora cubierto por una capa de pintura negra y grumosa. El centro médico dejó de atender en abril de 2017 y su dueño se mudó a otro estado.

Una batalla estado a estado
Revocar la legalidad del aborto en Estados Unidos no es asunto sencillo: sólo la Corte Suprema o una enmienda constitucional podrían dejar sin efecto a Roe v. Wade.

Por eso, en los últimos años los conservadores han intentado cambiar las reglas a nivel estatal, más que buscar una prohibición general.

En los primeros seis meses de Trump en la Casa Blanca, 431 proyectos de ley con restricciones de distinto tipo fueron presentados en los Congresos de la mayoría de los estados del país, según el conteo del Instituto Guttmacher.

Y otros 308 se sumaron en el primer trimestre de 2018.

Luisiana tuvo una de las normas más controvertidas de ese montón: la prohibición del aborto después de 15 semanas de gestación, en lugar del actual límite de 20, que fue aprobada en el Senado en abril.

Aún espera la firma del gobernador pero, de entrar en vigor, se convertiría en el segundo límite más estricto del país, a la par de Misisipi y sólo detrás de Iowa (donde está limitado a la semana seis).

Los críticos consideran que estas leyes son anticonstitucionales.

“Roe v. Wade se centra en el concepto de viabilidad, establece que el aborto es legal hasta el momento en que el feto sea viable, es decir que pueda vivir fuera del útero”, dice a la BBC Julia Schechter, vocera del Centro para los Derechos Reproductivos.

“Está claro que un feto no es viable a la semana seis o incluso la 15, por lo que estas leyes son incompatibles con ese fallo de la Corte”, reclama.
“Es duro, no es una decisión que nadie tome fácilmente”, dice.

“Claro que te lo piensas. No entiendo qué cree la gente de las mujeres que decidimos abortar, ¿que venir a una clínica es como ir a dar una vuelta al parque?”.

“Pero era lo mejor para nuestra familia. Y me da mucho alivio haber tenido la oportunidad, tener este derecho como mujer de venir y pedir un aborto”.

Deja un comentario

Your email address will not be published. Required fields are marked *