Se refuerza la idea del juicio político al presidente norteamericano


Así podría caer Donald Trump de la presidencia de EE. UU.
En Washington cada vez cobra más fuerza la idea del juicio político al mandatario norteamericano.

Hace meses que en los círculos políticos de Washington se pronuncia la palabra impeachment (juicio político) cuando se habla de Donald Trump. Una opción que parecía irrealizable ante el control del Congreso por el Partido Republicano comienza a cobrar fuerza a medida que se revelan detalles de la conducta caótica, agresiva y posiblemente ilegal del mandatario.

Primero fue el libro Fuego y furia, publicado en enero pasado, en el que el periodista Michael Wolff narró el ascenso del magnate a la presidencia y describió su errático comportamiento durante el primer año de gobierno. Después fue el que Bob Woodward, uno de los periodistas que destaparon el escándalo de Watergate en 1974, escribió con el título Miedo: Trump en la Casa Blanca, en el que se narran episodios comprometedores con base en decenas de entrevistas, una de ellas con el propio mandatario. Y, luego, la publicación en The New York Times del artículo anónimo del funcionario que reveló una resistencia silenciosa dentro del gobierno para contrarrestar las peores inclinaciones de Trump.

Estas sombras se añaden a la espada de Damocles que pende sobre la cabeza del impredecible gobernante como consecuencia de la investigación del fiscal Robert Mueller sobre la interferencia del gobierno ruso en la elección presidencial de 2016 y la posible colusión de ese gobierno con la campaña de Trump para perjudicar a Hillary Clinton y favorecer al primero. Además, en el horizonte está la posibilidad de que el Partido Demócrata recupere el control del Congreso o, al menos, de la Cámara de Representantes en las elecciones del 6 de noviembre próximo, lo que podría abrir el camino para el impeachment.

Contra Trump se han acumulado varios cargos por violaciones penales. El primero fue por su intento de obstruir la investigación del FBI a su primer asesor de seguridad nacional, el general Michael Flynn, quien contactó a las autoridades rusas durante la campaña presidencial y confesó haber mentido a los investigadores para ocultar esos contactos. El segundo, también por obstrucción a la justicia, se configuró por la destitución del director del FBI, James Comey, cuando este se negó a suspender la investigación a Flynn. Los siguientes nacen de la investigación del fiscal Mueller, quien continuó el trabajo iniciado por Comey.

Los hallazgos de Mueller involucran a varios funcionarios de la campaña de Trump, comenzando por su gerente, Paul Manafort, así como a su exabogado personal Michael Cohen, en delitos que pueden incriminar al presidente. Los de Manafort, por los cuales se declaró culpable, se relacionan con su trabajo de consultor del gobierno prorruso de Ucrania e incluyen lavado de dinero, fraude y conspiración por actuar como agente extranjero no registrado. Los de Cohen nacen de los pagos hechos a dos mujeres que tuvieron relaciones clandestinas con Trump para comprar su silencio durante la campaña. Esto configuró una violación de las leyes electorales porque los pagos fueron hechos para influir en la elección.

Debate constitucional
El tema del impeachment se ha ventilado en los medios periodísticos, políticos y académicos, donde se han planteado diversas opiniones. Según Rudolph Giuliani, el exalcalde de Nueva York que actúa como abogado personal de Trump, un presidente en funciones no puede ser enjuiciado porque los autores de la Constitución estadounidense no incluyeron en ella una disposición explícita al respecto.

Este es un asunto polémico sobre el cual nadie ha dicho la última palabra. En efecto, la Constitución que adoptó la Convención de Filadelfia en 1787 no aborda la materia, y esta nunca fue tratada en sus enmiendas ni puesta a consideración de la Corte Suprema de Justicia estadounidense. Un presidente en ejercicio puede ser acusado políticamente ante el Congreso por infringir la ley, como ya ocurrió en dos ocasiones, pero no puede ser enjuiciado penalmente, aunque esta parezca una contradicción.

La posibilidad del impeachment o juicio político está consagrada en la Constitución para los casos de “traición, soborno, altos delitos y otras faltas”, y el castigo contemplado es la destitución del cargo sin lugar a apelación. Esto nunca ha pasado, aunque en la historia estadounidense ha habido dos impeachments, ambos a presidentes demócratas: el de Andrew Johnson en 1868 y el de Bill Clinton en 1998.

Johnson fue acusado de abusar de sus funciones al destituir al secretario de Guerra sin la aprobación del Senado, y la acusación fue acogida por la Cámara, pero en el Senado faltó un voto para aprobar la destitución. Clinton fue acusado de perjurio y obstrucción a la justicia por ocultar su aventura sexual con Monica Lewinsky, y la Cámara también aprobó la acusación, que fue rechazada por el Senado.

En 1974 se alistaba otro impeachment, el del republicano Richard Nixon, bajo los cargos de obstrucción a la justicia, abuso de poder y desacato al Congreso, por encubrir a los autores del asalto a las oficinas del Partido Demócrata en el edificio Watergate de Washington. La Comisión Judicial de la Cámara de Representantes aprobó la acusación, pero Nixon renunció, evitando que el proceso continuara y salvándose así de la destitución.

Inmunidad penal
Trump parece estar en una situación favorable en ambos casos, pues está blindado contra un juicio político gracias a las mayorías republicanas en el Congreso y no está expuesto a un juicio criminal por la inmunidad penal que, según muchos expertos, la Constitución les otorga a los presidentes en ejercicio.

La tesis de la inmunidad se apoya en un texto de Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, publicado en los Papeles Federalistas, una colección de ensayos a favor de la Constitución publicados pocos meses después de su adopción y considerados la principal referencia para su interpretación.

Hamilton escribió en 1788 que el presidente de la recién creada república, a diferencia del rey de Inglaterra, “podría ser despojado de su cargo y después sometido a la justicia ordinaria”. Lo que no explicó ni se ha resuelto desde entonces es la forma de enfrentar el problema que se presentaría si un presidente en funciones fuera sometido a un juicio penal, con la consecuencia de paralizar el gobierno.

La falta de claridad sobre este punto puede convertirse en un obstáculo para el investigador Mueller, que lleva dieciséis meses investigando la posible colusión de Trump con el gobierno ruso para sabotear la campaña de Hillary Clinton y asegurar la victoria del primero en la elección de 2016. Pero un consenso de larga data en la comunidad política, académica y judicial estadounidense hace un fuerte contrapeso a ese obstáculo: el de que ningún ciudadano, incluido el presidente, puede estar por encima de la ley.

Este consenso ha servido ya en otros casos para impulsar el impeachment a un presidente. Ken Starr, el fiscal que investigó la conducta de Clinton en el escándalo de Monica Lewinsky, sostuvo que un presidente en funciones sí puede ser enjuiciado porque el riesgo de paralizar el gobierno es menor que el de tener un delincuente en la Casa Blanca. El argumento fue aceptado por la Cámara de Representantes, que acusó a Clinton ante el Senado, como se dijo atrás. Lo mismo ocurrió en 1868 con Andrew Johnson. Lo que los salvó a ambos fue la votación en el Senado.

El peor de todos
En el caso de Trump, su blindaje puede resultar transitorio si los próximos comicios de Congreso modifican su composición. El 6 de noviembre se renovarán las 435 curules de la Cámara y 35, o sea un tercio, de las del Senado. Hoy los republicanos tienen 238 curules en la Cámara contra 192 de los demócratas y 51 en el Senado contra 49 de los demócratas. Estos podrían recuperar la mayoría en la Cámara y, aunque esto es menos probable, también en el Senado. En el primer caso, tendrían la fuerza necesaria para iniciar el impeachment; en el segundo, podrían sumar los votos para aprobar la destitución.

Pero, aunque no sea enjuiciado ni condenado, Trump ya se consagró como el peor presidente en la historia de Estados Unidos. No es poca cosa, pues el pueblo estadounidense ha elegido varios presidentes mediocres, irresponsables o deshonestos. A la cabeza de ellos está el ya mencionado Andrew Johnson, quien reemplazó a Lincoln tras su asesinato en 1865 y en lugar de prolongar su obra estrenó el impeachment por incurrir en violaciones legales.

Junto con Johnson conforman esa triste nómina, entre otros, James Buchanan, quien gobernó antes de Lincoln y no contuvo los intentos secesionistas que condujeron a la Guerra Civil; Warren G. Harding, quien se dedicó a jugar al golf y al póquer mientras estallaban grandes escándalos de corrupción en su administración y murió en 1923, el tercer año de su mandato; Herbert Hoover, quien comenzó su gobierno en vísperas de la Gran Depresión de 1929 y contribuyó a agravarla con una política económica equivocada; Richard Nixon, ya mencionado por el escándalo de Watergate, y George W. Bush, responsable de lanzar al país a las desastrosas guerras de Irak y Afganistán.

Todos los anteriores han sido calificados por los historiadores muy por debajo de aquellos considerados los mejores presidentes estadounidenses, entre quienes sobresalen George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Franklin Delano Roosevelt y John F. Kennedy. Hay quienes incluirían en esta lista a Barack Obama, pero en su caso parece que el veredicto, a diferencia del que ya recibió Trump, será dejado a los futuros historiadores.

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