El cardenal George Pell, consejero directo del papa Francisco condenado en Australia

El cardenal George Pell, condenado por violar a un niño de 13 años y abusar de otro
El Vaticano actúa por primera vez desde que estalló el caso y prohíbe al cardenal oficiar misas y acercarse a menores hasta que se resuelva su recurso en segunda instancia

La bomba ha explotado en varias fases. Y la última detonación es la más grave y vuelve a comprometer seriamente al Vaticano. El cardenal George Pell, consejero directo del papa Francisco, superministro de Finanzas (esta mañana todavía figuraba así en el organigrama de la web de la Santa Sede, aunque fuentes vaticanas señalan que dejó de serlo hace dos días) y considerado el número tres de la institución romana, ha sido declarado culpable por un tribunal de Melbourne (Australia) por abusar sexualmente de dos niños en la década de los noventa. El pasado 11 de diciembre ya se supo que sería condenado, pero no se hicieron públicos los detalles hasta este martes por razones legales (había otro proceso en marcha que finalmente no se celebrará). Entonces se filtró que Pell había sido ya declarado culpable por cinco cargos de grave conducta sexual inapropiada. Ahora se sabe ya que las víctimas eran dos niños del coro de 13 años y que uno de ellos fue violado por el cardenal australiano, el miembro más alto de la cúpula vaticana jamás condenado.

La sentencia de Pell y los horribles detalles del caso llegan justo cuando termina la cumbre de abusos en el Vaticano que ha reunido a 190 líderes religiosos para atajar el problema. Se pidió contundencia y eficacia en esta lucha. Pero el caso del australiano, mantenido hasta el último día en su cargo —ha seguido opinando sobre su área económica— y solo apartado del consejo de cardenales que asesora al Papa el pasado diciembre y “por motivos de edad”, evidencia una manera muy distinta de tratar la cuestión. Especialmente comparado con la radicalidad empleada con otros cardenales, como el estadounidense Theodore McCarrick, expulsado del sacerdocio hace apenas una semana. Pell estaba hasta ahora en libertad condicional, pero podría ser arrestado a partir del miércoles, cuando comenzarán las vistas para determinar una pena que podría alcanzar los 10 años de cárcel.

El Vaticano ha reaccionad por primera vez desde que estalló el caso y ha confirmado la suspensión del ministerio público a Pell que le impusieron en Australia y la obligación de no acercarse a ningún menor hasta que se resuelva el recurso que ha presentado. Esta mañana la Santa Sede ha publicado un comunicado ue conviene leer entre líneas para analizar la farragosa gestión de un caso que ha terminado estallándole en el peor momento. “Esperamos ahora el resultado del recurso de apelación, recordando que el Cardenal Pell ha repetido su inocencia y tiene el derecho a defenderse hasta la última instancia. […]. Para garantizar el curso de la justicia el Santo Padre ha confirmado las medidas de vigilancia ya dispuestas en lo referente al Cardenal George Pell por el Ordinario del lugar luego del regreso del Cardenal Pell a Australia. Ósea que, en espera de la determinación definitiva de los hechos, al Cardenal Pell sea prohibido con carácter preventivo el ejercicio público del ministerio y, como es norma, el contacto de cualquier manera y forma con menores de edad”. Es decir, el Vaticano por primera vez actúa contra Pell reconociendo el problema. Pero lo hace después que las autoridades eclesiales australianas y recordando que Pell todavía puede ser declarado inocente.

La Santa Sede siempre trabajó con la hipótesis de que Pell estaba acusado por unos tocamientos realizados en una piscina. Muchos pensaron que sería declarado inocecente: había pocas pruebas y uno de los testigos había muerto. El Papa aplicó la presunción de inocencia, e incluso cuando fue requerido como imputado por un tribunal australiano le concedió una suerte de excedencia para defenderse. Pell negó repetidamente los hechos y Francisco, pese a que el cardenal arrastraba una alargadísima lista de acusaciones por las víctimas en Australia, confió en su versión. Ahora, sin embargo, se sabe el alcance real de los cinco cargos por actos cometidos en Melbourne entre 1996 y 1997. Uno de ellos es por la penetración a un menor, que sucedió después de que el arzobispo de Melbourne oficiara una misa. Los otros cuatro son por cometer actos indecentes contra los dos menores. Durante el juicio, señala la agencia EFE, el tribunal escuchó cómo en 1996, el entonces arzobispo de Melbourne se encontró con los dos chicos en estancias de la catedral tras una misa. Después de decirles que se habían metido en un lío por beber vino de misa, Pell abusó de ellos. Luego, repitió el abuso a uno de ellos un año más tarde.

Indemnización de ocho millones de euros
Una de las dos víctimas, según el comunicado que emitió y que publicaron los medios locales, pidió que se mantenga en secreto su identidad. Este testimonio al asegurar que no es un portavoz de las víctimas de pederastia, solo “un tipo trabajador común y corriente que mantiene y protege a su familia lo mejor posible”. “Necesito espacio y tiempo para soportar el proceso judicial en marcha”, dijo la víctima, que destacó que al igual que otros supervivientes de abusos sexuales, pasó “vergüenza, soledad, depresión y una lucha (interna)” y que le llevó “años en entender el impacto” en su vida. La otra víctima murió de una sobredosis en 2014.

Cuando Pell fue nombrado superministro de finanzas del Vaticano ya había sido acusado numerosas veces por las víctimas. El cardenal ejerció como sacerdote en Ballarat, su localidad natal, entre 1979 y 1984. Un periodo en el que se produjeron decenas de casos de abusos a cargo de otro cura (Gerald Ridsale), que fue condenado a ocho años de prisión. Pell siempre negó conocer aquello. Pero también aseguró ignorar la mayoría de los 4.444 casos denunciados entre 1980 y 2015, muchos de los cuales se produjeron cuando fue arzobispo de Melbourne entre 1996 y 2001, y de Sidney hasta 2014. Sin embargo, como relataba Emiliano Fittipaldi, periodista de L’Espresso y autor del libro Lujuria, que trata este caso, en Australia se terminó pagando ocho millones de euros a víctimas a cambio de no volver a remover aquellos asuntos.

 

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